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Organizaciones sociales manifestaron su preocupación ante la decisión del Gobierno Nacional de avanzar con el cierre del programa “Volver al Trabajo”, medida que —según estimaciones— dejaría sin ingresos a miles de personas en todo el país.
De acuerdo a los datos difundidos, alrededor de 900.000 beneficiarios dejarían de percibir este ingreso a nivel nacional. En la ciudad de Santa Fe, el impacto alcanzaría a más de 4.600 familias, mientras que en el departamento La Capital superaría las 7.000.
Un ingreso clave para la economía popular
Desde organizaciones como la UTEP señalaron que el programa —anteriormente denominado Salario Social Complementario— cumple un rol central en el sostenimiento de actividades comunitarias y en la generación de ingresos para trabajadores informales.
Actualmente, los beneficiarios perciben un monto mensual de $78.000, que se mantiene sin actualización desde 2023.
Según indicaron, la eliminación de este esquema no solo impactaría en los ingresos individuales, sino también en el funcionamiento de múltiples espacios comunitarios, como comedores, merenderos, centros de cuidado y tareas de mejoramiento barrial.
Impacto en el entramado social
Las organizaciones advirtieron que gran parte de las tareas que se verían afectadas incluyen trabajos de limpieza urbana, mantenimiento de barrios, prevención en salud, acompañamiento en situaciones de violencia y espacios educativos.
En ese sentido, remarcaron que estos programas funcionan como una red de contención en sectores donde la presencia estatal es limitada, por lo que su interrupción podría profundizar la crisis social.
Cambios en la política del Gobierno
Desde el Ministerio de Capital Humano se informó que el programa será reemplazado por un nuevo esquema orientado a la capacitación laboral y la inserción en el mercado formal.
La implementación contempla una inscripción obligatoria en el Portal de Empleo, con plazos acotados. Sin embargo, desde distintos sectores cuestionaron esta modalidad al considerar que puede excluir a personas sin acceso a internet o con dificultades para completar el proceso.
Además, plantearon dudas sobre la continuidad de los ingresos durante la transición.
Críticas y reclamos
Referentes de organizaciones sociales señalaron que la medida se da en un contexto de aumento del desempleo y cierre de empresas, lo que —según sostienen— limita las posibilidades reales de inserción laboral.
Asimismo, advirtieron que la reducción de estos ingresos podría tener un impacto directo en el funcionamiento de comedores comunitarios, en un escenario de emergencia alimentaria.
En esa línea, impulsan iniciativas para reconocer formalmente el trabajo de quienes sostienen estos espacios, destacando su rol en la contención social en los barrios.
Un proceso de recorte progresivo
Desde distintos movimientos sociales interpretan la decisión como parte de un proceso gradual de reducción del programa, que incluyó congelamiento de montos, disminución de beneficiarios y recortes en la asistencia alimentaria.
En la ciudad de Santa Fe, señalaron que existen más de 180 comedores registrados, sostenidos por equipos de trabajo comunitario, cuya continuidad podría verse comprometida ante la quita de este ingreso.